No se trata de "Nosotros contra ellos": por qué es fundamental la inclusión de todos los migrantes en los programas de vacunación contra la COVID-19

La COVID-19 ha demostrado que los virus no solamente no reconocen fronteras, sino que también no discriminan por la condición migratoria de las personas. Si no incluimos a los migrantes en nuestros esfuerzos en pos de la vacunación esto obstaculizará la eficacia de cualquier campaña y hará que poner fin a la pandemia se vuelva aun más difícil.

Al 19 de abril de 2021, más de 793 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 fueron administradas en más de 100 países. El ritmo de la inoculación aumenta cada día y el mundo tiene la esperanza de que la luz al final del túnel de la COVID-19 ya esté avizorándose.

Pero mientras los expertos en salud pública, los asesores en materia de políticas y los encargados de tomar las decisiones en el gobierno siguen formulando e implementando sus respectivos planes nacionales de vacunación, hay serias preocupaciones en torno al hecho de que algunos miembros de las comunidades vulnerables podrían quedar excluidos de los programas de vacunación, incluso por más que sean mencionados en los documentos.

El tejido comunitario

Algunos de los migrantes a los cuales es más difícil llegar o que corren riesgos de ser excluidos, son los que viven, trabajan y contribuyen de manera muy significativa a nuestras sociedades, en particular quienes tienen un estatus de residencia irregular. Son agentes que hacen muchas contribuciones: trabajadores de la construcción, cuidadores, personal de limpieza, niñeras, cocineros y vendedores ambulantes, que conforman el tejido de nuestras comunidades. Muchos de ellos y ellas alguna vez tuvieron visa o permisos, pero terminaron cayendo en la grieta de nuestros sistemas migratorios. Puede tratarse de personas adultas, menores, o personas mayores, y muchos han vivido por años en el país en el cual están imposibilitados de recibir autorización oficial para poder residir.

Para los migrantes en situación irregular, la pandemia y las medidas de confinamiento relacionadas han hecho que sus vidas se vuelvan infinitamente más complicadas y los han expuesto a nuevos riesgos, en especial si no tienen un hogar o si viven en condiciones de hacinamiento y precariedad en donde el distanciamiento social es un desafío y el acceso a agua apta para el consumo es limitado. Algunos han perdido sus trabajos debido a las repercusiones socioeconómicas de la pandemia; otros han tenido que seguir trabajando, ya sea porque pertenecen a sectores esenciales o porque no han podido darse el lujo de perder un solo día de trabajo y de ingreso, por no estar protegidos adecuadamente.

Hay una fuerte evidencia ahora de que las familias en situación de pobreza y las minorías étnicas y otras se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia y son más propensas a sufrir consecuencias sanitarias más dañosas. Agregado a esto, el hecho de tener que vivir en una condición migratoria irregular con frecuencia significa un acceso restringido a los servicios e información sanitarios, y a una poca confianza en las autoridades de salud debido a las medidas de control de la migración.

Alentando avances en materia de políticas

En la Unión Europea y en otros lugares varios países ya han expresado con claridad su postura en cuanto a incluir a los migrantes en situación irregular en sus campañas de vacunación. Las estrategias de vacunación de Holanda y España ya lo han explicitado con total claridad. En Francia se ha anunciado que las vacunas serán gratis para todos y que no se pedirá ningún carné de seguro de salud. En ltalia se anunció que las vacunas estarán a disposición de cualquier persona que esté viviendo en el país, con independencia de su estatus de residencia. La guía del Reino Unido estipula que las vacunas son accesibles por todos gratuitamente incluyendo a quienes están viviendo en ese país “sin permiso”, y que “no se necesita ningún control de la condición migratoria” para las personas que procuren servicios sanitarios relacionados con la COVID-19.

Otros países del mundo han procurado la creación de entornos favorables, por ejemplo garantizando temporalmente que todos los migrantes tengan un estatus similar a los nacionales en relación a los beneficios sanitarios y sociales, regularizando a grandes grupos de personas, o evitando que las autoridades sanitarias compartan datos sobre los pacientes con los encargados de aplicar la ley migratoria durante la respuesta a la pandemia, a fin de protegerlos del riesgo de deportación.

Con todos estos alentadores avances en materia de políticas, quedan muchos interrogantes acerca de los detalles de su implementación. Lo que ya queda claro que para los migrantes con estatus irregular y que forman parte de los grupos priorizados debido a una mayor vulnerabilidad ante la infección – como los trabajadores en la primera línea, personas con co-morbilidades o personas sin techo – resulta crucial contar con un enfoque proactivo para que conozcan sus derechos y el modo de poder acceder a la vacuna.

Derribando obstáculos en la práctica y desarrollando mayor confianza

En febrero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó una resolución pidiendo que “los planes nacionales de vacunación contra la COVID-19 incluyan a quienes corren el mayor riesgo de desarrollar síntomas severos relacionados con la enfermedad, y también a los más vulnerables como por ejemplo los refugiados, personas desplazadas internamente, apátridas, personas indígenas, migrantes” y otros grupos.

Pero en sus vidas cotidianas los migrantes, en especial los que están en situación de irregularidad, tienden a luchar contra una larga lista de barreras que obstaculizan su acceso a los servicios de salud. Se les puede pedir que paguen honorarios que no están a su alcance, o que se registren en algún mecanismo de seguridad social, o que presenten documentos con los cuales no cuentan. El idioma es otro factor de relevancia que genera aprehensión y limita la comprensión entre los migrantes y los encargados de proveer los servicios de salud.

Lo que es más, los programas de vacunación contra la COVID-19 deben considerar que la discriminación diseminada y la criminalización de políticas tal vez hayan erosionado la confianza de los migrantes en situaciones irregulares respecto de las autoridades públicas: con mucha frecuencia, evitan procurar el acceso a los servicios de salud por temor y por no querer correr riesgos en cuanto a tener que enfrentar la aplicación de la normativa migratoria vigente.

Por consiguiente, es crucial que la aplicación de cualquier vacuna contra la COVID-19 a los migrantes en situación irregular se haga en estrecha cooperación y consultando con organizaciones confiables de base comunitaria que cuenten con un historial de trabajo con esas poblaciones, prestándoles servicios a ellas, y con la cooperación y la participación directa de personas y representantes de estas comunidades. Esto también ayudaría a asegurar que las dudas respecto de las vacunas en estos grupos sean comprendidas cabalmente y que este tema sea abordado como corresponde.

Controles de acceso confiables entre las autoridades migratorias y sanitarias deben también implementarse, asegurando con total claridad de que cualquier información obtenida por canales formales o informales en relación al estatus de residencia de una persona al momento de aplicar una vacuna no sea usada en su contra disparando de tal modo los procedimientos migratorios que podrían afectarla negativamente. Lo que también es sumamente importante es que los documentos oficiales faltantes no sean una barrera para el acceso a la vacuna.

Queda aun tiempo como para que todo esto quede bien claro, aprendiendo de las autoridades nacionales y locales que han dado pasos para lograr la igualdad y que han trabajado con migrantes y con las comunidades locales.

El éxito de las campañas nacionales de vacunación dependerá del nivel de inclusión y de igualdad de tales campañas. Y nuestra capacidad colectiva para salvar tantas vidas como sea posible, y reactivar nuestras economías, depende de cuán bien nos aseguremos de que todos aquellos que necesiten ser vacunados tengan realmente acceso a las vacunas.

Jacqueline Weekers es Directora de Salud y MIgración en la Organización Internacional par a las Migraciones (OIM).

Michele LeVoy es Directora de la Plataforma para la Cooperación Internacional en el ámbito de los Migrantes Indocumentados (PICUM).