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BY: Jacqueline Weekers,Migration Health Director at IOM

As we prepare for one of the world’s largest vaccination efforts, and on the occasion of International Migrants Day, we are coming to a critical reckoning: the need for inclusive approaches in our health-related thinking and practices has never been more urgent.

For everyone’s sake, we must ensure that the most vulnerable – including migrants, refugees, asylum seekers, internally displaced persons, and other people on the move – are not left out of our global efforts to fight back against COVID-1

Mientras nos preparamos para uno de los mayores esfuerzos realizados en materia de vacunación en todo el mundo, y en ocasión del Día Internacional del Migrante, nos acercamos a una reflexión absolutamente esencial: la necesidad de enfoques inclusivos en nuestra manera de pensar la salud y las prácticas relacionadas a la misma nunca ha sido más acuciante.

Por el bien de todos es necesario que nos aseguremos de que los más vulnerables, incluyendo a los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, personas desplazadas, y otras personas en movimiento, no sean dejados fuera de nuestros esfuerzos mundiales para dar batalla al COVID-19  y otras enfermedades.

Incluso un año después del inicio de la crisis, sigue habiendo un tremendo sufrimiento por la pandemia, y con mucha frecuencia quienes necesitan mayor asistencia y apoyo son quienes tienen menor acceso a ambos.

La OIM estima que actualmente hay casi 272 millones de migrantes internacionales, además de los 80 millones de personas forzosamente desplazadas, y más de dos tercios de ellas se encuentran desplazadas dentro de las fronteras de sus países debido a conflictos o a desastres naturales. Contrariamente a la retórica política, la mayor parte de estas personas forzosamente desplazadas viven en países con ingresos bajos o medianos, los cuales con frecuencia tienen sistemas sanitarios mucho más débiles y luchan para poder cubrir las necesidades de sus poblaciones en materia de salud.

La lista de las dificultades que los migrantes y las personas forzosamente desplazadas enfrentan en todo el mundo sigue siendo muy extensa: la exclusión de los servicios sanitarios ocurre a raíz de requisitos legales, barreras idiomáticas, costos prohibitivos, y otros factores. Lo hemos visto una y otra vez recientemente con los testeos de COVID-19 y la falta de acceso a servicios sanitarios esenciales. Esto viene a agregarse a las circunstancias frecuentemente peligrosas que las poblaciones que están en movimiento deben enfrentar antes, durante y tras sus travesías, las cuales las ponen en una situación de riesgo mayor de enfermarse. Por ejemplo, puede que vivan o trabajen en condiciones inseguras o de hacinamiento, que tengan acceso limitado a agua apta para el consumo o a saneamiento, o bien que la continuidad de los cuidados que se les brinda se hubiera visto interrumpida debido a su reubicación.

Este año hemos aprendido de mala manera que la salud de nadie estará debidamente protegida hasta que la salud de todas las personas lo esté también, y cuando fracasamos en cuanto a proteger la salud de todas las personas, esto puede tener impactos serios y devastadores sobre todos los aspectos de nuestras sociedades, incluyendo nuestro tejido social, económico, y cultural. Los migrantes han sido especialmente castigados por la crisis de salud púbica y por sus consecuencias.

Han estado también en la primera línea de la respuesta ante la pandemia, corriendo riesgos personales en pos del bienestar de los demás, a través de numerosos sectores como el de la salud, la alimentación, el transporte, la investigación, la higiene, entre otros. En la mayor parte de los países con altos ingresos, los migrantes conforman una amplia franja de la fuerza laboral sanitaria; por ejemplo en los Estados Unidos, más de uno de cada cuatro médicos y cirujanos nacieron en el extranjero y la OCDE informa que en la última década la cifra de médicos y personal de enfermería nacidos en el exterior aumentó en un 20%.

Mientras la OIM está lista para brindar su apoyo a las autoridades nacionales y a otras organizaciones internacionales en el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19, hacemos un llamamiento a los Gobiernos para que consideren e incluyan a todos los migrantes presentes en sus territorios – sin importar cuál sea su condición legal – en sus consideraciones para la distribución de las vacunas. Si bien los trabajadores sanitarios en la primera línea de lucha deben tener prioridad, no debemos olvidar a los innumerables trabajadores migrantes de la salud que se encuentran también en la primera línea. Y además, así como las personas mayores son prioridad, también deben serlo las personas migrantes mayores, etc.

El año por delante y las nuevas herramientas disponibles para luchar contra la pandemia de COVID-19 constituyen una oportunidad para mejorar la situación de los migrantes y de todas las personas, en todas partes. Mientras los países se organizan para implementar campañas de vacunación masivas, no olvidemos los principios de la cobertura universal de salud, el deber de adherir a un proceso de asignación que sea equitativo, y el de no dejar a nadie atrás. Las decisiones deberán ser tomadas sobre la base de motivos de salud pública sólidos y de base empírica, siguiendo los lineamientos de las recomendaciones internacionales referidas a las prioridades.

La OIM tiene el honor de asociarse con Gavi, la Alianza de Vacunas, y desea trabajar muy de cerca con el Sistema de Naciones Unidas, asociados humanitarios y la Instalación COVAX, para asegurar que los planes de asignación de vacunas incluyan a los migrantes, entre ellos a las personas forzosamente desplazadas que se encuentran en áreas de difícil acceso y en entornos de emergencia. Los equipos sanitarios de la Organización tienen una vasta experiencia en llevar a cabo campañas masivas de vacunación en respuesta a los brotes y también en ocasión de actividades rutinarias de inmunización, para los migrantes y las poblaciones desplazadas, en colaboración con asociados claves, incluyendo a Gavi, con quien se firmó un importante memorando de entendimiento el 24 de noviembre de 2020.

Hoy más que nunca la justicia, la equidad, y la inclusión pueden llegar a salvar a miles y miles de vidas.  

 

9 and other diseases.  

Even a year after the beginning of the crisis, there continues to be tremendous suffering related to the pandemic, and it is too often those who need support and protection and assistance the most, who have the least access to it.

Currently, IOM estimates that there are nearly 272 million international migrants, in addition to 80 million forcibly displaced persons, more than two-thirds of whom are displaced within the borders of their countries due to conflict or natural disasters. Contrary to political rhetoric, most of these forcibly displaced persons live in low- or middle-income countries, which often have weaker health systems and struggle to meet the health needs of their own populations. 

The list of difficulties that migrants and forcibly displaced persons face across the world remains far too long: exclusion from health services happens through legal requirements, language barriers, prohibitive costs, and other factors. We have seen it again and again recently with COVID-19 testing and lack of access to essential health services. This is in addition to the frequently dangerous circumstances that mobile populations face before, during and after their journeys, which often place them at higher risk of falling ill. For example, they may live or work in overcrowded or unsafe conditions, have limited access to clean water and sanitation, or have disrupted continuity of care because of their relocation.  

This year we have learned the hard way that no one’s health is protected until everyone’s health is protected, and when we fail to protect everyone’s health, it can have serious, devastating impacts on all aspects of our societies, including our social, economic, and cultural fabric. Migrants have been particularly hit by the public health crisis and its consequences.

They have also been on the frontlines of the response to the pandemic, taking personal risks for everyone’s well-being, across many critical sectors: health, food, transport, research, hygiene, and others. In most high-income countries, migrants make up a large share of health workers; for example, in the United States, more than one in four physicians and surgeons are foreign-born and the OECD reports that, in the last decade, the number of foreign-born doctors and nurses in the region grew by 20 per cent. 

As IOM stands ready to support national authorities and other international organizations in the roll out of a COVID-19 vaccine, we call on Governments to count and include all migrants present in their territories – no matter their legal status – in their vaccine distribution considerations.  As health workers on the frontlines are prioritized, let’s not forget the countless migrant frontline health workers. As the elderly are prioritized, so should elderly migrants. As so on and so forth. 

The year ahead and the new tools available to fight COVID-19 are an opportunity to do better by migrants and by everyone, everywhere. As countries prepare to roll out mass vaccination campaigns, let us be reminded of the principles of universal health coverage, the duty to follow an equitable allocation process and leave no one behind. Decisions should be made based on sound, evidence-based public health rationales, in line with international prioritization recommendations. 

IOM is honoured to partner with Gavi, the Vaccine Alliance, and looks forward to working closely with the UN system, humanitarian partners and the COVAX Facility, in ensuring that vaccine allocation plans take migrants into account, including forcibly displaced persons in hard-to-reach locations and emergency settings. The Organization’s health teams have extensive experience in carrying out mass vaccination campaigns in response to outbreaks as well as routine immunization activities, for migrants and displaced populations, in collaboration with key partners, including Gavi, with whom a critical memorandum of understanding was signed on 24 November 2020. 

Today, more than ever, fairness, equity and inclusion could save thousands and thousands of lives.