Ginebra, 31 de octubre de 2021–La pandemia de COVID-19 ha cambiado la vida de los migrantes y de las poblaciones desplazadas en las zonas urbanas, y vino a agregarse al conjunto de vulnerabilidades nuevas o pre existentes. Habiendo transcurrido medio año del brote, se estima que el 90% de todos los casos informados de COVID-19 ocurrieron en las ciudades, haciendo que en julio de 2020 las áreas urbanas se convirtieran en el epicentro de la pandemia.
Muchas poblaciones de migrantes y personas desplazadas viven en zonas urbanas en donde el impacto económico de la pandemia de COVID-19 es muy marcado. Los migrantes juegan un rol fundamental en la respuesta a la pandemia puesto que con frecuencia trabajan en sectores esenciales como los de cuidados de la salud, ventas y servicios, agricultura, actividad pesquera, producción de alimentos, manufacturas y tareas de distribución. Como es probable que estas poblaciones trabajen en las industrias de servicios o en el sector informal, han sido a menudo las primeras en perder sus empleos porque no contaban con licencia médica paga o por las consecuencias económicas de la pandemia. Los trabajadores informales de todo el mundo han perdido aproximadamente un 60% de sus ganancias en el primer mes de la crisis sanitaria. En África y en América Latina esta cifra era de casi un 80 %.
Asimismo, los refugiados y las personas desplazadas internamente (IDP por su sigla en inglés) que viven en entornos urbanos en condiciones de hacinamiento también están expuestos a mayores peligros a su salud puesto que las condiciones de vida y laborales están fuera de su control. Acentuando sus dificultades por las medidas básicas de prevención en relación a la COVID-19 (distanciamiento físico, uso de tapabocas y lavado frecuente de manos), estas personas también con frecuencia no cuentan con acceso a servicios de vacunación contra COVID-19 por diversos factores, entre ellos la falta de vacunas; la desconfianza y la desinformación; el temor a ser arrestadas, detenidas o deportadas al momento de procurar servicios sanitarios y de vacunación.
La Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM) de la OIM ha estado compilando información acerca de los impactos de la COVID-19 sobre las poblaciones móviles en diferentes niveles de urbanización, a fin de comprender mejor sus vulnerabilidades y desafíos. La conmemoración del Día Mundial de las Ciudades, que tiene lugar el 31 de octubre, brinda la oportunidad de poner el foco en los desafíos que los migrantes y las poblaciones desplazadas han debido enfrentar durante la pandemia.
En Etiopía, una madre, Galmo, junto a su familia y algunas de las cabras que compró para reabastecer su rebaño. Foto: OIM Etiopía
El impacto económico de la pandemia de COVID-19 ha castigado a las familias urbanas desplazadas muy duramente en Etiopía. Una publicación conjunta de la OIM y del Programa Mundial de Alimentos (WFP por su sigla en inglés) puso de relieve que el confinamiento y las restricciones a la movilidad empeoraron la situación económica del país, derivando en un rápido aumento del desempleo y del precio de los alimentos. La seguridad alimentaria se deterioró con gran rapidez en el transcurso de 2020 y las poblaciones desplazadas quedaron aún en un nivel más alto de vulnerabilidad ante la crisis alimentaria puesto que la pandemia había agotado los fondos destinados a las operaciones humanitarias. A julio de 2021, la DTM descubrió que en el 81% de todos los sitios de desplazamiento en Etiopía la gente informó no contar con suficiente cantidad de alimentos. Y en el 83% de tales sitios, el precio de los alimentos disponibles había aumentado.
Las reducciones laborales al inicio de la pandemia, además de la tasa de recuperación relativamente baja, se sintieron con mayor intensidad en las ciudades más densamente pobladas. Las pérdidas de empleo relacionadas con la pandemia han impactado también muy seriamente sobre el flujo de remesas desde y hacia el país. Los efectos combinados de todos estos impactos económicos fueron que aproximadamente 31 millones de personas pasaron a vivir por debajo de la línea de pobreza en 2020, cifra que había sido de 26 millones en 2019.
Jóvenes senegaleses que han retornado a sus hogares desde Libia y desde otros países han participado en capacitaciones multimedia como parte del Proyecto de la OIM Migrantes como Mensajeros. Foto: OIM/Alioune Ndiaye
Los impactos socioeconómicos de la COVID-19 han implicado que muchos migrantes desempleados o que dependen de trabajos informales por día, han enfrentado inseguridad alimentaria. En abril de 2020, la DTM Libia descubrió que el 32% de los migrantes tenían niveles inadecuados de consumo de alimentos. Mediante estas conclusiones también pudo constatarse que más del 70% de los migrantes que vivían en entornos informales no comían bien y que el uso de mecanismos negativos para paliar el hambre, como por ejemplo la reducción de la cantidad y el tamaño de las porciones, había aumentado sustancialmente desde 2019, siendo de 63% el porcentaje de migrantes que se había visto obligado a adoptar tales estrategias. A inicios de 2021, un estudio conjunto conducido por la DTM y el WFP descubrió que los medios de subsistencia de los migrantes seguían sufriendo el impacto de la pandemia, y una cifra de tres a cuatro migrantes informaban que su ingreso se había reducido, en tanto que un 34% enviaba menos remesas o ninguna remesa a sus hogares.
En Somalia, la mayor parte de las personas desplazadas por desastres naturales y conflictos vive en entornos informales, a menudo sin contar con un acuerdo de titularidad del terreno y en condiciones muy precarias. Foto: OIM/Foresight Films
Los desplazamientos recurrentes originados en conflictos y en crisis medio ambientales han ejercido una gran presión sobre los recursos ya de por sí muy limitados en sitios de desplazamiento urbanos y periurbanos. Muchas personas desplazadas internamente (IDP) están viviendo en albergues temporales en condiciones de hacinamiento y luchan para poder respetar las condiciones sanitarias preventivas. En entornos urbanos de pobreza y en campamentos de IDP, factores tales como la falta de desagües adecuados y el pobre saneamiento e higiene generan condiciones que favorecen la transmisión de la COVID-19.
En una evaluación de las personas desplazadas internamente que se hizo en mayo de 2020, la mayor parte de ellas declararon que sus medios de subsistencia se habían visto afectados a raíz de las restricciones impuestas por la COVID-19. En otros distritos más urbanos, las restricciones han impuesto presión económica sobre las personas que no pueden viajar a su lugar de trabajo. En otra evaluación que se realizó entre julio y agosto de 2020, la DTM encontró que en el 93% de los asentamientos urbanos encuestados, entre un 25 y un 75% de las personas informaron que habían perdido sus puestos de trabajo en los seis meses anteriores.
Cientos de personas desplazadas internamente caminan por una ajetreada calle en un Sitio de Protección de Civiles de las Naciones Unidas en Malakal. Foto: OIM/Muse Mohammed
Dos años de inundaciones estacionales excepcionalmente severas en 2019 y 2020 y los impactos sanitarios y económicos de la COVID-19, incluyendo el cierre de fronteras y las restricciones a los viajes han agravado la continua inseguridad de millones de personas en Sudán del Sur. Entre agosto y septiembre de 2020, la DTM en colaboración con el WFP llevó adelante un estudio sobre el impacto de la pandemia sobre la movilidad, los medios de subsistencia y el acceso a servicios humanitarios en áreas urbanas seleccionadas y en campamentos de IDP. El estudio concluyó que el 66% de las familias informaron que no podían regresar a la anterior zona de residencia habitual. También tuvieron que enfrentar viajes más arriesgados para poder visitar a la familia (45%), para reubicarse (39.1%) o para acceder a cuidados de la salud (38.9%).
Se informó también que las vulnerabilidades económicas experimentadas por los migrantes y por las familias desplazadas habían cambiado drásticamente tras la introducción de las restricciones con motivo de la pandemia de COVID-19. Cuatro de cada cinco hogares (86%) informaron que hubo un cambio en sus fuentes de ingresos, en tanto que un 74% indicó que hubo un recorte de los mismos. La caída de los ingresos ha aumentado la inseguridad alimentaria de los migrantes y las familias desplazadas que ya estaban padeciendo un consumo inadecuado de alimentos. Otro estudio conjunto que se llevó a cabo en diciembre de 2020 mostró que todos estos desafíos no habían desaparecidos a finales de año.
Tras un ingreso irregular a México cerca de Ciudad Hidalgo, muchos migrantes de Centro y Suramérica comenzaron con un viaje por tren en el norte en Arriaga, Chiapas. Foto: OIM/Keith Dannemiller
Los migrantes urbanos y las poblaciones desplazadas han tenido que enfrentar muchos desafíos en medio de la pandemia de COVID-19. Los altos niveles de desempleo y las limitadas oportunidades laborales por las restricciones a la movilidad han limitado de forma significativa las oportunidades de medios de subsistencia y de generación de ingresos en los centros urbanos y a la vez, han aumentado la inseguridad alimentaria de los grupos vulnerables. Asimismo, si bien los migrantes y las personas en movilidad enfrentan las mismas amenazas sanitarias que las poblaciones de acogida en relación a la COVID-19, también deben enfrentar otras vulnerabilidades específicas por las circunstancias de sus viajes y las pobres condiciones laborales y de vida.
Las respuestas de los países a la pandemia y a las poblaciones que viven en sus ciudades varían considerablemente. Al momento de conmemorar el Día Mundial de las Ciudades, y mientras el impulso de la vacunación mundial cambia las restricciones a la movilidad impuestas por la COVID-19 en todo el mundo, es importante apoyar a todos los que participan en la reapertura y el desarrollo de los espacios urbanos y alentarlos a que no dejen de perseguir sus objetivos sostenibles en relación al desarrollo urbano, incluyendo la protección de los migrantes, de las personas desplazadas y de sus familias.
Por Hong Tran, asociado de DTM, OIM
