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BY: Ola Henrikson

Mientras conmemoramos este año el Día Internacional del Migrante, la OIM urge a la UE y a los Estados a redoblar sus esfuerzos para asegurar un mejor acceso a la identidad legal y a los documentos adecuados de modo tal que todas las personas puedan disfrutar los beneficios de una migración segura, ordenada y regular.

 

Bruselas– Todo el mundo tiene derecho a ser reconocido como persona ante la ley. Hoy esto podría sonar como algo lógico hasta el límite de lo absurdo. De hecho, este derecho es tan importante que está consagrado en el Artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero aún así se considera que aproximadamente 1.100 millones de personas en todo el mundo no pueden probar oficialmente su identidad legal.

Las implicancias de esto es mucho mayor de lo que podríamos imaginarnos, pues estos aspectos influencian el desarrollo de los países, el movimiento de personas, y los objetivos de lograr una igualdad universal y derechos para todas las personas. Tanto los aspectos prácticos como los relativos a las aspiraciones de la identidad legal están siendo incorporados a las políticas sobre migración y desarrollo y en otras cuestiones que conciernen a la Unión Europea (UE).

El acceso confiable a la educación, la vivienda, servicios bancarios, el empleo, la justicia, la asistencia de emergencia, los viajes regulares y seguros, todo ello depende de la prueba de la identidad legal que se define por medio de alguna credencial reconocida como por ejemplo la partida de nacimiento, el carné de identidad, documentos de viajes o certificación digital de la identidad.

Lograr que el acceso a la identidad legal – y de la misma manera a servicios básicos y derechos esenciales – sea  más sencillo para las personas puede llegar a jugar un rol muy importante en el mejoramiento de los resultados del desarrollo y de una migración más segura. En septiembre de 2015, los Estados Miembros de las Naciones Unidas acordaron un objetivo de desarrollo sostenible relacionado con brindar identidad legal, incluyendo la registración gratuita de los nacimientos para todas las personas hacia 2030. En la mayor parte de los casos los países que brindan sistemáticamente identidad legal tienen también un PBI más elevado.

Sabemos además que la migración bien encauzada beneficia tanto a los países de origen como a los de destino. Pero a pesar de eso la imposibilidad de demostrar la identidad legal es particularmente preocupante para las personas en movilidad. Las personas que no cuentan con ese identificador esencial son más susceptibles a caer en una migración irregular y más arriesgada – y con frecuencia quedar a merced de los grupos de traficantes criminales o tratantes de personas. La capacidad de reunirse con las familias en el exterior, o de incluso poder retornar en condiciones de seguridad a un país de origen, puede igualmente depender de la confirmación de la propia identidad legal.

Los migrantes y otras personas sin una identidad legal registrada no tienen acceso a una amplia gama de servicios públicos o privados, a pesar de ser titulares de derechos. Cuando un migrante se ve atrapado en un evento de crisis o desastre, el hecho de no poder demostrar su identidad legal restringirá su acceso a servicios esenciales, como la asistencia para la evacuación. Asimismo, algunas prácticas como la de los traficantes que retienen los documentos de identidad de los migrantes son medidas alarmantemente efectivas que impiden que las víctimas puedan acceder a servicios o asistencia.

Abordar de manera estratégica y consistente el acceso a la identidad legal tanto en el caso de los migrantes como de las poblaciones en general implica claros beneficios para la UE: una inmigración y una gestión fronteriza fortalecidas, facilitación de los visados, reunificación familiar, asistencia en los retornos voluntarios, participación de la diáspora en las elecciones, y asistencia a migrantes vulnerables. Además, la repentina interrupción de la movilidad en todo el mundo por la pandemia de COVID-19 sugiere que los datos sanitarios relacionados con una identidad legal específica cada vez tendrán mayor importancia para cumplir con los criterios futuros para el ingreso seguro y ordenado a los países.

Hay tres pasos fundamentales que deben darse para dirigirse a un ecosistema de identidad legal más efectivo e inclusivo. Uno de los pasos es que necesitamos apoyar los sistemas nacionales de gestión de la identidad y del registro civil con el objetivo de facilitar la migración y la movilidad. El segundo consiste en apoyar el desarrollo de soluciones para que los servicios consulares puedan realizar registro civil, emitir documentos de identidad, certificados de ciudadanía y documentos de viaje.  En tercer lugar, también necesitamos asistir a quienes se encuentran en las situaciones de mayor vulnerabilidad, por medio de servicios de asistencia que sean adecuados.

También es importante mejorar las herramientas de identificación utilizadas. Nuestro propio trabajo en el ámbito de los datos biométricos para la gestión fronteriza y los servicios de visado sugieren una evolución hacia el uso de tecnología digital para establecer la identidad y facilitar el acceso a los servicios, mientras se asegura que el derecho de las personas a la privacidad y a la seguridad de sus datos sigan estando protegidos. La digitalización total de la identidad legal en los Servicios de Autenticación y de Documentos de Identidad Electrónicos (eIDAS) es una prioridad del informe de la UE “Shaping Europe’s Digital Future” (“Dando forma al futuro digital de Europa”).

El apoyo a la transformación digital en la UE por medio de la promoción de la prueba digital de la identidad legal será fundamental en la transición de los Estados Miembros hacia  la gobernanza electrónica. Mientras avanzamos hacia el futuro, el fortalecimiento institucional en pos de una gestión de la identificación mejorada será necesario, sobre todo cuando se relacione con la movilidad y los movimientos transfronterizos.

Con frecuencia decimos que el objetivo universal es el de no dejar a nadie atrás. Esto no es menos aplicable para las más de 1.000 millones de personas, incluyendo a las que están en movimiento, que no cuentan con una identidad legal.

 

Ola Henrikson es Director Regional de la OIM para la UE, Noruega, Suiza y el Reino Unido.

 

SDG 10 - REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
SDG 17 - ALIANZA PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS