La evolución de la lucha contra la trata de personas en Burundi: un cambio promisorio con el apoyo de la OIM 

Una sobreviviente al delito de trata de personas capacita a aprendices en su taller de costura. Tuvo la oportunidad de comenzar con una actividad generadora de ingresos como parte del apoyo de reintegración ofrecido por la OIM. Foto: OIM Burundi 2022/Laëtitia Romain 

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Por:
  • Sam Whitlow | Equipo de Protección y Asistencia a Migrantes de la OIM Burundi

Ginebra – Llegar a todas las víctimas de la trata. El tema del Día Mundial contra la Trata (WDATIP) de este año coincide con el enfoque inclusivo del Plan Nacional de Acción para la Lucha contra la Trata de Personas del Gobierno de la República de Burundi, que acaba de ser lanzado en Bujumbura. Este plan de cinco años, desarrollado con el apoyo de la OIM Burundi, busca precisamente llegar hasta cada víctima de trata (VoT por su sigla en inglés) a través de una identificación fortalecida, una asistencia a medida y de protección, como así también mediante un aumento de la concientización comunitaria en todo el país.  

La trata de personas (TIP) es un delito transnacional y una grave violación de los derechos humanos a gran escala, prevaleciente en regiones pacíficas y también en zonas de conflicto y de desastre. Burundi no es ajeno a este fenómeno; es un país de origen, tránsito y en algunos casos, de destino, para las víctimas de trata. Los tratantes asedian a las personas más vulnerables, tentándolas con promesas de un futuro mejor. En Burundi las vulnerabilidades son exacerbadas por las recurrentes emergencias climáticas que afectan al país, en especial desastres de inicio repentino como inundaciones y aludes que impulsan el desplazamiento, la pobreza y la falta de oportunidades laborales, en especial en la provincias más pobres y más rurales. Hay un reconocimiento permanente de las intersecciones entre el desplazamiento, el cambio climático y el riesgo aumentado de trata – en especial en el caso de mujeres y menores – tal como ha sido puesto de manifiesto por el  Relator Especial sobre la Trata de Personas  y el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su análisis sobre Burundi en el Informe 2023 sobre Trata de Personas.  

Desde 2010 la OIM ha trabajado para fortalecer la capacidad del Gobierno de responder y gobernar de mejor manera cualquier  desafío del ámbito de la migración, incluyendo la trata de personas, de acuerdo con el objetivo décimo del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular y el objetivo 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. La OIM Burundi brinda simultáneamente asistencia directa a víctimas de trata en Burundi a través de servicios de protección, trabajos de reintegración y medidas de prevención a nivel comunitario.   

Contar con un claro panorama de la prevalencia de la trata de personas en Burundi no es fácil debido a la naturaleza criminal del fenómeno; aún así ese contexto es sumamente importante para el desarrollo de una respuesta adecuada. Sobre la base de las estadísticas de la OIM en Burundi elaboradas desde junio de 2021 a junio de 2023, un 85% de las potenciales 1.160 víctimas de trata identificadas por la OIM fueron mujeres o jóvenes. El de madres solteras fue el grupo demográfico al cual más apuntaron los tratantes y las conclusiones sugieren que cerca de la mitad de todas las víctimas de trata experimentaron violencia basada en género (GBV) antes o durante la explotación, de acuerdo con las  tendencias globales. Se descubrió que la trata transfronteriza era la principal forma de trata, con un 20% de personas llevadas al exterior a países de la región y otro 66% a los Estados del Golfo, en comparación con el 14% de las víctimas explotadas dentro de Burundi. Las víctimas de trata que recibieron apoyo de la OIM Burundi informaron que quedaron sujetas principalmente a trabajo forzoso y otras prácticas similares a la esclavitud. Asimismo declararon que se les impusieron matrimonios forzosos o esclavitud sexual.

Para poder combatir este delito el Gobierno ha aumentado sus esfuerzos en años recientes y esto ha llevado a progresos significativos que se alinean con los cuatro pilares que subyacen a su respuesta contra la trata: prevención, protección, procesamiento y alianzas. En 2012 el Gobierno ratificó el Protocolo de Palermo, y se unió a otras 147 naciones signatarias. El procesamiento en Burundi desde ese momento evolucionó hacia terrenos más legislativos; porque se promulgaron nuevas leyes contra la trata en 2014 y además se integraron las medidas punitivas en el código penal del país en 2017. El Gobierno y la OIM desde entonces trabajaron estrechamente para traducir la normativa al idioma Kirundi, quitando de tal manera una importante barrera idiomática y permitiendo que muchos más ciudadanos pudieran acceder a esta información tan relevante. Para reforzar aún más la eficiencia de este marco legislativo, en 2023 todos los jueces de los altos tribunales de justicia recibieron capacitaciones para sensibilizarlos en medidas legales relevantes para la lucha contra la trata de personas. 

El establecimiento en 2022 de la Comisión Nacional de Concertación y Seguimiento para la Prevención y Supresión de la Trata de Personas (NC) con el patrocinio de la Oficina del Primer Ministro, reemplazó al Comité Ad Hoc y ahora juega un rol preponderante en los actuales trabajos de lucha contra la trata de personas en Burundi. La NC se reúne cada mes con la OIM y con otros asociados para evaluar objetivos, resultados y necesidades. Entre otras medidas, se desarrollaron protocolos de lucha contra la trata de gran relevancia, como por ejemplo los Procedimientos Operativos Estándares (SOPs) de Lucha contra la Trata de Personas (lanzados en febrero de 2023) y el Plan Nacional de Acción para la Lucha contra la Trata 2023-2027 (lanzado en julio de 2023). La NC y la OIM también cuentan con el apoyo de una base cada vez mayor de puntos focales de la comunidad, con mandatos para la identificación y la derivación a distintos servicios de las víctimas de trata; estos tipos de redes abordan los flujos de trata a nivel del terreno y garantizan que ninguna persona sea dejada atrás.  

La OIM ha estado asimismo facilitando la cooperación y el intercambio a nivel internacional. Esto incluye visitas entre los Gobiernos de la República Unida de Tanzania en 2018 y de la  República de Túnez en  2019 y 2022, las cuales derivaron en una comunicación mucho más profunda en el ámbito de las mejores prácticas y recomendaciones en favor de la lucha contra la trata de personas.  

Un integrante de la delegación de lucha contra la trata de personas de Túnez visita un albergue temporal en el cual se alojan víctimas de trata que han sido derivadas por la OIM y por otras organizaciones a su asociado local en la Provincia de Muyinga, Burundi. Foto: OIM Burundi 2022/Triffin Ntore

Los resultados derivados de todos estos trabajos han quedado plasmados en las recientes actualizaciones que Burundi ha introducido al Informe sobre Trata de Personas (TIP) del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Después de haber estado en el Nivel 3 durante 10 años, el país pasó al Nivel 2 en 2021, el de la “Lista bajo Observación”. En 2022 y 2023 Burundi logró mantenerse en el Nivel 2 y en este momento se lo considera como uno de los países más avanzados en la región en relación a los esfuerzos en materia de lucha contra la trata de personas.  

Sin embargo sigue habiendo desafíos para poder sostener esta evolución tan prometedora. Además de una cooperación más sólida entre los actores e instituciones que trabajan en la frontera, para promover las alianzas, es posible encontrar otros caminos para mejorar en cada uno de los pilares, junto a las recomendaciones establecidas en el Informe 2023 sobre Trata de Personas de los Estados Unidos. Por debajo de los diferentes desafíos está también la necesidad de identificar con precisión a cada víctima, un proceso que requerirá que Burundi optimice sus recientes logros en relación a la compilación y la estandarización de datos. Para poder apoyar la prevención es necesario el desarrollo y la expansión de campañas de concientización en terreno, sobre todo en las comunidades rurales y de frontera.  Un permanente crecimiento de la cifra de capacitaciones destinadas a funcionarios encargados de aplicar la ley es esencial para apuntalar los esfuerzos en materia de procesamientos, garantizando una implementación efectiva de las penas y el acceso a la justicia para las víctimas. Las capacidades de protección deben mejorarse por medio del establecimiento de centros de asistencia a víctimas de trata mucho más especializados, similares a los que existen ya en Burundi para las víctimas de violencia basada en género. Es necesario también un permanente fortalecimiento institucional de los puntos focales y de los medios para apoyar a las víctimas en su reintegración, y también para evitar que las potenciales víctimas queden atrapadas en las redes de trata.  

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